La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú calificó como «catástrofe ambiental» y rechazó la puesta en marcha de una segunda planta de celulosa en Uruguay, luego de la autorización ambiental del Gobierno uruguayo, pero también tras el informe de un Observatorio que detalla «severas pérdidas en la calidad de vida, salud, tierras y economía» de la región.
Se trata de la segunda pastera que la empresa finlandesa UPM-Kymmene instaló a orillas del río Negro en el departamento de Durazno (Uruguay).
En 2019, la multinacional anunció que invertiría más de 3.000 millones de dólares en la construcción de una nueva planta de celulosa en Uruguay, que se sumaría a la que ya funciona en la ciudad de Fray Bentos, y a finales del 2022 concluyó las obras.
La empresa explicó en un comunicado que tiene capacidad para 2,1 millones de toneladas de celulosa de eucaliptus por año que llegarán en ferrocarril, y desarrollará 7.000 puestos de trabajo.
Además, remarcó que se obtuvieron todos los permisos con un «extenso programa de monitoreo ambiental del agua y biota del río Negro, aire, suelo, ruido y aspectos socioeconómicos».
El ministro de Ambiente uruguayo, Robert Bouvier, presentó el jueves 13 de marzo un informe que «garantiza transparencia y confiabilidad» en el monitoreo ambiental y cumpliendo las regulaciones medioambientales, normas y recomendaciones internacionales.
Sin embargo, el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) emitió un informe en el que aseguró que habrá contaminación «aún manteniendo los niveles de emisión dentro de los límites que ellos mismo se fijaron».
«La acumulación de contaminantes transformará la región con severas pérdidas en la calidad de vida, depreciación de tierras y emprendimientos económicos, y deterioro de la salud de los habitantes de la región», detallaron.
Martín Alazard, de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, aseguró que la puesta en marcha de la nueva papelera «es una catástrofe ambiental, pero también social» al desaguar los efluentes líquidos en el río Negro, que desemboca luego en el Uruguay.
«Es realmente alarmante y es importante la reacción del pueblo uruguayo reclamando en una actitud cada vez más parecida a nuestro reclamo», dijo a Radio Máxima.
En 2006, la Argentina se presentó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la instalación por parte del Gobierno uruguayo de la primera fábrica de celulosa europea sobre el río Uruguay, compartido con Argentina.
Desde entonces, vecinos, vecinas y la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú realizan marchas y actividades, y realizarán el próximo domingo 30 de abril una nueva movilización al puente internacional General San Martín.
El intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, pidió «no bajar los brazos y mantener bien alto el rechazo a las pasteras» y aseveró que «el cuidado del agua, aire y suelos es la única manera de empezar a revertir los enormes daños ambientales».
En 2010, la Corte de La Haya, que intervino en el conflicto, advirtió un aumento de la contaminación en el curso de agua pero aclaró que no se pudo determinar su origen, y ordenó que se realicen monitoreos constantes en la zona.